T. J. Gómez
Durante los últimos días he leído y escuchado todo tipo de quejas en torno a la entrada en vigo del sistema penal acusatorio: que faltan instalaciones, que no están capacitados, que no estamos listos, que una cosa y la otra.
Lo cierto es que tienen y no tienen razón. Y más cierto es que muchos de los que hoy se quejan, tuvieron más de tres años para tomar las decisiones y prepararse para esta nueva fase de la justicia mexicana.
A nivel institucional, el nuevo sistema penal en Guerrero sufrió altibajos. Durante el zeferinato hubo mucha simulación, sobre todo en materia de capacitación. Al grado de que si se hubieran hecho las cosas como se informaban, no habría tanto pánico entre los que con sus excusas se confirman como ignorantes del tema.
Durante el aguirrismo, se avanzó; tal vez no lo suficiente y no lo necesario para superar lo que no se hizo antes… pero se avanzó.
Durante el "rogeliato", como en muchos otros temas, no solo se estancó, sino que hasta retrocedió Guerrero en muchos aspectos que eran urgentes y prioritarios para lograr la implementación. Aquí es conveniente hacer dos reconocimientos.
Primero, a las y los integrantes de la 60 Legislatura –de la que emanó el actual titular del Poder Ejecutivo estatal, por cierto--, quienes en solo dos años, lograron lo que las dos anteriores Legislatura no: hacer los cambios, reformas y creación de más de una docena de leyes para armonizar el marco jurídico estatal con las nuevas exigencias del sistema.
Segundo, el trabajo de muchos hombres y mujeres en las instituciones que se denominan órganos implementadores, así como de la misma titular del proceso a nivel federal, María de los Ángeles Fromow, y de su equipo, representado en Guerrero por Gerardo Arroyo. Todos integraron un equipo que logró sembrar las bases y generar avances, aún en contra de fuertes intereses dentro del mismo gobierno, para llegar a donde estamos.
A unos días de su entrada en vigor, la mayoría de los órganos implementadores están trabajando para que el sistema levante, opere, se consolide poco a poco. No va ser fácil porque se trata en un cambio total en el paradigma de la justicia en México. Todas y todos los abogados tienen un gran reto, no solo de aprender, sino de cambiar el ejercicio del derecho penal.
Debe reconocerse que el Tribunal Superior de Justicia en Guerrero es el órgano implementador que cuenta con un mayor avance en los diferentes aspectos que implican la operación del sistema. Su presidente, Robespierre Robles, tiene además las relaciones y la voluntad de hacer que haya resultados.
En otras instituciones, tienen que trabajar a marchas forzadas para modificar sus procesos y lograr que su capital humano pueda actuar conforme las nuevas reglas. Desde los policías preventivos, hasta los peritos y Ministerios Públicos, todos tienen que evolucionar, porque la ley lo manda y porque la sociedad lo exige.
A quienes se quejan de que no hay condiciones para que opere el Sistema Acusatorio, es conveniente cuestionarles: ¿Y el sistema inquisitivo sí lo hacía? Durante 100 años se trabajó con él y la impunidad, la corrupción, las injusticias eran su carta de presentación cada día.
Entonces, démosle el beneficio de la duda y, sobre todo, que cada quien cumpla con el trabajo que le corresponde.
Mañana, hablaremos de la capacitación.
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